Luis Tarbay, coordinador del comité de Derechos Humanos de Vente Venezuela, aseguró que los países de la región deben continuar presionando para lograr un cambio político en Venezuela. Resaltó que con un nuevo gobierno es la única manera de que haya respeto a los derechos humanos.

Tarbay se refirió al informe presentado por Michelle Bachelet, alta comisionada de la Organización de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Subrayó que el documento muestra los crímenes de lesa humanidad cometidos por el régimen de Nicolás Maduro.

Señaló que, a pesar de que faltó contundencia en el informe, se evidencia que en Venezuela no existe un Estado Derecho que garantice el respeto a las libertades de los ciudadanos.“El informe ratifica que no hay democracia y que las instituciones no son autónomas. Pero la realidad es que para que haya justicia tiene que haber un cambio de régimen. Para eso es necesario exigir el amparo de los organismo internacionales y sus países para que intervengan ante lo que ocurre en Venezuela porque el riesgo de que el Estado criminal se expanda es para toda la región”, dijo a El Nacional.

Indicó que es necesario conocer los casos a profundidad y que la única manera de reparar a las víctimas es obteniendo justicia.  “Debemos ponernos en el lugar de las víctimas y su lucha contra la impunidad. El único consuelo que pueden recibir los familiares es justicia”.

Explicó que Vente Venezuela aplaude que exista una misión de la alta comisionada en el país. Sin embargo, recalcó que se debe continuar denunciando los casos en los que haya violación de derechos humanos.Señaló que uno de los puntos más alarmantes del informe de Bachelet fue la denuncia de que niños venezolanos, en condición de vulnerabilidad, son reclutados por grupos insurgentes que se encuentran en Venezuela.

“No debemos quedarnos allí, hay que seguir denunciando este tipo de casos. Esta situación también debe llamar la atención de los países fronterizos con nuestro país, porque no es un hecho aislado, está ocurriendo por la migración”.

Puntualizó que al régimen de Maduro no le importa vulnerar los derechos de los ciudadanos para mantenerse en el poder.  “Eso se traduce en el menoscabo de los derechos civiles, sociales y humanos de los ciudadanos. Por ello vemos la alta migración y no son casos puntuales, son violaciones sistemáticas que tiene como política de Estado doblegar las libertades civiles”, indicó.Dialogo y actuación de organismos internacionales 

El defensor de derechos humanos aseguró que para lograr un cambio en el país se deben adoptar medidas desde la Organización de Estados Americanos y los países de la región. Señaló que la ONU es un organismo burocrático.“A la ONU le cuesta  tomar decisiones ante la situación de algunos países. Nuestras esperanzas están en nuestro organismo regional que es la OEA y en la actuación de los países que hacen frontera con nosotros”, afirmó.

Sostuvo que la aplicación del Tratado Interamericano de Asistencia Reciproca es un avance en la política nacional, pero resaltó que se deben tomar otras medidas para presionar al régimen venezolano.

“Se ha avanzado mucho con la aprobación del TIAR, eso presiona al régimen, pero debemos ir más allá. Se debe invocar la Responsabilidad de Proteger acompañado del artículo 187 de la Constitución para dar un llamado a la comunidad internacional y avanzar en el rescate de la democracia”.

Recomendó al gobierno interino de Juan Guaidó conversar con sus aliados principales que deben ser los países fronterizos:  “Hay que cerrar filas con Brasil y Colombia. Concentrar nuestros esfuerzos allí. No se trata de pedir una invasión, sino de exigir un derecho”.

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