Ni la pobreza ni la desigualdad son las causas directas de las grandes tendencias de criminalidad en Venezuela desde el siglo XXI, demostró una reciente investigación del Laboratorio de Ciencias Sociales, con apoyo del Departamento para el Desarrollo Internacional del Reino Unido y del Centro de Investigaciones para el Desarrollo Internacional de Canadá.

A diferencia de otros países de América Latina, entre 2000 y 2010 los asesinatos aumentaron sostenidamente en 300% en el país, con más de 129.000 homicidios, a pesar de los altos ingresos provenientes del petróleo, de la disminución de la pobreza que en 2010 fue menor de 27,8%, y de la desigualdad que se redujo en 0,394. En contraste, en Colombia, por ejemplo, la violencia disminuyó en el mismo período, con un porcentaje de pobreza más alto que el venezolano (44,3%) y un incremento de la desigualdad de 0,578%.

“En el año 1997, Colombia tenía una tasa de 63 homicidios por cada 100.000 habitantes, mientras que en Venezuela la tasa era de 19 homicidios por cada 100.000 habitantes, es decir, entre ambas tasas había una diferencia de 40 puntos. Pero con la llegada del siglo XXI y particularmente en los 5 primeros años de ese ciclo, las tasas se homologaron en 38 homicidios. Pasados 10 años del nuevo siglo, en Colombia los asesinatos habían disminuido a la mitad (32 por cada 100.000 habitantes), en tanto que en Venezuela se triplicaron al alcanzar los 67 por cada 100.000 habitantes”, señala el estudio.

Los datos prueban además el crecimiento “rápido y grande” de la tasa de homicidios en Venezuela “nunca antes ocurrido en la región”, según el sociólogo Roberto Briceño-León, director de Lacso y autor del estudio.

“Si bien a partir de la década de los ochenta se incrementó la violencia en casi todos los países de la región, desde el año 2000 organismos internacionales adoptaron decisiones que empujaron a las ciudades a reducir sus tasas de homicidios: en São Paulo fue de 10 por cada 100.000 habitantes, en Bogotá de 14 por cada 100.000 habitantes, pero en Caracas fue de 150. Venezuela está entre los países más violentos, como Salvador y Haití; lo que cambia es si está en primer lugar o en segundo lugar”.

Una tendencia progresiva que se mantendrá al cierre de 2017, según apunta Briceño-León, al considerar que en 2016 se registraron 28.000 homicidios, con una tasa de 91% por cada 100.000 habitantes.

Fracaso en la no violencia

La investigación se propuso descubrir por qué no descendió la cifra de homicidios en Venezuela en esa década, lo que sí ocurrió en el resto de los países y es posible que eso continúe en el tiempo. “Eliminar la pobreza y reducir la desigualdad son metas sociales válidas y encomiables por sí mismas, pero no se justifica que se conviertan en causas de los asesinatos ni que ayuden a comprender los mecanismos que permiten reducir los homicidios en América Latina”, afirma.

La respuesta está en el irrespeto a la institucionalidad y en el fomento de la violencia frente a la falta de castigo durante esos 10 años. “El sentido de lo moral y de lo correcto se perdió por las acciones del gobierno de Hugo Chávez y por sus mensajes de elogio a la violencia, con las inevitables consecuencias de impunidad”, sostiene el sociólogo y experto en violencia urbana.

En esa década destacan dos picos en los cuales se incrementan las muertes violentas, señala. El primero se ubica en el año 2003 cuando ocurren 11.430 homicidios, lo que conduce desde 2004 a la censura impuesta sobre la información de las cifras reales de homicidios. “Los datos se retiraron de las páginas web de los despachos oficiales y del INE, y se clausuró la oficina de prensa de la PTJ”, recuerda Briceño-León. El segundo pico se produce en 2006. Los asesinatos aumentaron de una forma estrepitosa en el momento de mayor riqueza petrolera, de distribución de bienes y de dinero, de los 9.000 dólares que dio Cadivi que la gente usó para raspar tarjetas; es el tiempo en que el gobierno de Hugo Chávez informa a organismos internacionales que bajó la pobreza.

“El gobierno es responsable por omisión y comisión por lo que no ha hecho hasta ahora y por lo que ha hecho de forma equivocada”, afirma.

El especialista cita el decreto presidencial de 2007 mediante el cual se declara el 4 de febrero como fecha patria, que fue también el primer decreto de la Ley Habilitante. “Fue un elogio a la violencia institucional, como lo fueron también las celebraciones del Caracazo de 1989 y los fallidos golpes de Estado de 1992. Es la única explicación del crecimiento abismal de la criminalidad en Venezuela. Cuando hay una destrucción del tejido social y de las reglas, el proceso de violencia se da en cascada y seguirá por inercia”.

Briceño-León piensa que la tendencia hacia arriba persistirá, como ocurrió en los años posteriores, si no se adoptan correctivos.

“La respuesta debe venir del derecho penal desde la institucionalidad; se requiere de una cultura ciudadana máxima; de una internalización de la moral y de los valores de la sociedad, así como de un control social antes que un control penal por el Estado; de una sociedad donde las consecuencias desagradables para el criminal, como decía Durkheim, tengan un fuerza más social que penal. Solo así podremos pensar en una reducción sostenible de los homicidios”.

OLGALINDA PIMENTEL
EL NACIONAL

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