Tres presos que estaban recluidos en un calabozo de la Subdelegación del Cicpc en San Juan, Barquisimeto, estado Lara, murieron al ser golpeados y estrangulados por otros reclusos que ya habían advertido a los policías que no querían más detenidos, debido al hacinamiento calculado en 613,63%, según el Observatorio Venezolano de Prisiones. La celda tiene capacidad para albergar a 22 personas y hay 135.

Dentro del calabozo estos tres rozaron a otros presos lo que caldeó el ánimo del resto de los detenidos. Los tres hombres fueron llevados a la parte posterior de la celda, donde está el baño, para castigarlos y golpearlos. En medio de la revuelta a los encargados del castigo se les pasó la mano. El motín se registró a las 4:00 de la madrugada.

La autopsia practicada reveló que uno fue estrangulado con las manos. A otro le reventaron los testículos y luego lo estrangularon, presumiblemente con una sábana, y el tercero no tenía fractura de cráneo, pero la presión a su cerebro le ocasionó la muerte y presumen que también fue presionado fuertemente en el pecho. Los tres individuos fueron auxiliados, pero fallecieron.

Resultaron lesionados Fernando José Mosquera Blanco y Eduardo José Ure Rodríguez que fueron trasladados a la emergencia del Hospital Central Antonio María Pineda, en Barquisimeto, y estaban inconscientes y convulsionando; tienen golpes en diferentes partes del cuerpo y siguen recluidos en el centro de salud. También están heridos con golpes en la cara y otras partes del cuerpo, Oto Sandoval, de 33 años de edad; Amado Carrillo, de 31 años de edad; Yenson Pérez, de 23 años de edad; Enmanuel Rodríguez, de 19 años de edad; Albert Álvarez, de 29 años de edad, y Maikol Morales, de 22 años de edad. Fueron atendidos en la sede del Cicpc.

Yasmín Giménez, esposa de Darwin José, indicó al OVP que se enteró de lo ocurrido ese día a las 9:00 am, cuando fue al Cicpc para saber a qué hora trasladaban a su marido al tribunal para una audiencia. Los funcionarios le informaron que fuera al Eje de Homicidios del Cicpc porque había fallecido en una riña.

Humberto Prado, director del OVP, dijo que viene advirtiendo que el hacinamiento en los centros de detención policial es una bomba de tiempo. “No entendemos cuál es la mezquindad de la ministra Iris Varela de no otorgar cupos para las cárceles, si ella manifiesta que tiene una plaza para 86.000 personas y actualmente tiene una población de 54.000 reclusos. Como es que no despejan los centros de detención que tienen 45.000 presos en todo el país”, indicó.

ElDato

El OVP le exige a la Fiscalía y a la Defensoría del Pueblo una investigación inmediata, exhaustiva e imparcial sobre los hechos porque las víctimas estaban bajo responsabilidad del Estado, según el artículo 43 de la Constitución: “El derecho a la vida es inviolable. Ninguna ley podrá establecer la pena de muerte”.

Fuente: El Nacional

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