Fotografía Archivo

Los manifestantes encendieron velas durante la noche para atraer la atención hacia los 311 activistas rurales y defensores de los derechos humanos que a decir de las autoridades han sido asesinados desde 2016. Ese año se firmó un histórico acuerdo de paz con la guerrilla Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia.

Las protestas en casi 50 ciudades se llevaron a cabo poco más de dos semanas después de la victoria de Iván Duque en los comicios presidenciales, y muchos de los manifestantes tenían en mente la promesa del político conservador de revocar algunas partes del acuerdo.

“Muchos de nosotros estamos preocupados que con el cambio del gobierno los avances en términos de derechos humanos y el proceso de paz puedan estar en riesgo”, dijo Chris Duarte mientras recolectaba cartas manuscritas de respaldo, las cuales pretende llevar a activistas en áreas rurales de alto riesgo donde se han cometido la mayor parte de los asesinatos.

Las manifestaciones fueron organizadas a toda prisa en las redes sociales tras una semana especialmente sangrienta en la que fueron asesinados al menos cuatro activistas, incluida una coordinadora de campaña de Gustavo Petro, el rival izquierdista de Duque en la polarizada contienda electoral.

Ana María Cortés murió el martes cuando un agresor no identificado la baleó en una cafetería a unos pasos de un cuartel de policía en la localidad occidental de Cáceres.

El ministro de Defensa Luis Carlos Villegas alarmó más a mucha gente al afirmar, sin ofrecer evidencia, que Cortés podría haber estado vinculada con el mayor grupo narcotraficante de Colombia.

“Esto es un triste error”, dijo Adam Isacson, experto en Colombia en la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos _un centro de estudios y de promoción de los derechos humanos_, refiriéndose a los comentarios de Villegas.

Dijo que, en lugar de publicar información de las víctimas, las autoridades deberían enfocar sus esfuerzos en capturar a los asesinos y a los que los financian y dirigen.

Petro dijo que Cortés había denunciado al alcalde de la localidad por corrupción, y que ella y otros trabajadores de campaña fueron insultados y amenazados por el jefe de la policía local.

Aunque los homicidios en Colombia disminuyeron en 2017 a su menor nivel en cuatro décadas, los activistas vinculados a causas como los derechos de los campesinos a la tierra y la defensa del medio ambiente se encuentran cada vez más amenazados, en especial en áreas remotas donde operan narcotraficantes y grupos rebeldes disidentes.

Muchos de los que se reunieron el viernes dijeron temer se regrese a la campaña de exterminio que siguió a un intento previo por alcanzar la paz con las FARC en la década de 1980. Miles de ex guerrilleros, milicianos comunistas y sindicalistas fueron baleados por escuadrones de la muerte paramilitares, en ocasiones en colaboración con las fuerzas de seguridad estatales.

El presidente saliente Juan Manuel Santos, el arquitecto del acuerdo de paz, ha incrementado los recursos para investigar los homicidios y castigar a los responsables. La fiscalía dice que ha identificado a los autores en la mitad de los 178 asesinatos de líderes sociales que ha registrado desde 2016, y efectuó 184 arrestos.

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