Sin novedad relevante en el frente judicial de Cristina Fernández. La expresidenta, por tercera vez, acudió como imputada a los Tribunales de Comodoro Py de Buenos Aires y, como sus hijos la víspera, no pronunció palabra salvo para facilitar, con ironía, sus datos personales. «Vivo con mi perra Lolita» o «pregúntele a Bonadío (el juez) que me la embargó», en alusión a la cuantía de la pensión que recibe como expresidenta, fueron algunas de las respuestas que le dio al oficial del juzgado.

La viuda de Néstor Kirchner presentó un documento donde, una vez más, se declaró víctima de «una persecución judicial y mediática», pidió «ser sobreseída» y aseguró que «los contratos de alquiler» que el juez considera ficticios, «son reales y genuinos», y detrás de los mismos no existen operaciones de «lavado de dinero» como se le imputa.

La primera defensa de Fernández consistió en un ataque político, según el texto al que tuvo acceso Infobae.com. «No registra antecedentes en nuestro país, al menos en los periodos democráticos», advierte sobre el presunto acoso que denuncia, antes de lamentar que «en mi caso particular (la persecución) se extiende a mis hijos Máximo y Florencia». Ambos forman parte de la sociedad Los Sauces S.A. sobre los que gira la causa y Máximo, además, tiene desde su creación puestos directivos. A la muerte de su padre ambos heredaron sus acciones.

En cuanto a la imputación concreta la expresidenta se sorprendió de que «los contratos de alquiler celebrados con Lázaro Báez, a los que se agregan los de Cristóbal López pretenden ser calificados como un supuesto de lavado de dinero», ya que, insiste, son «reales y genuinos, sobre inmuebles cuya existencia fue considerada a través de reiterados allanamientos, con inquilinos reales de carne y hueso, y en los que todos los movimientos económicos se realizan por el circuito bancario». Entre las cosas que llaman la atención en la causa destaca los alquileres habituales de Báez (hoy preso) de medio centenar de habitaciones de hoteles de Cristina Fernández.

En otro punto del escrito, la expresidenta apunta a Bonadío: «…Como cualquier persona tengo derecho a ser juzgada por un juez imparcial, circunstancia que ni remotamente reúne el magistrado a cargo de esta causa». Su afirmación tiene como origen el cerco judicial que se estrecha poco a poco en torno a ella. Con menos respaldo popular pero rodeada de un círculo fiel de leales, Fernández permaneció menos de media hora en las dependencias judiciales donde, como expresó en reiteradas ocasiones, considera que se encuentra su mayor enemigo, el juez federal Claudio Bonadío.

Movilizaciones

El magistrado es el mismo al que intentó recusar sin éxito y el que investiga, sin descanso, la ingeniería contable creada para sostener un entramado societario donde empresarios afines al anterior gobierno recibirían obras públicas a cambio de «peajes» (cohechos), contrataban habitaciones de hoteles cuyos trabajadores no ocupaban y facilitaban o formaban parte de una red de lavado de activos. Además, está al frente de la causa «dólar futuro» donde está imputada por la venta de divisas, en la recta final de su Gobierno, a precios muy por debajo del mercado para cobrar cuando su sucesor, Mauricio Macri, estuviera en la Casa Rosada. Aquella medida le costó miles de millones a las arcas del Estado.

La declaración de la expresidenta se produjo en un clima político y social tenso. Se trataba del segundo día de huelga de docentes que impidió que miles de estudiantes empezaran las clases después de las vacaciones de verano austral. Asimismo, la CGT (Central General de Trabajadores) se concentró en el corazón de la ciudad, en la segunda gran movilización en este año y tres meses que lleva Macri en la Presidencia de Argentina.

EL-NACIONAL.COM

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