La diáspora venezolana llegó para quedarse en Colombia y aunque se han abierto los caminos para enfrentar los retos migratorios hay una preocupación latente, qué pasará en dos años.

Y el asunto ronda en el periodo comprendido entre octubre de 2019 y julio de 2020, pues es el plazo que ha dado el Gobierno colombiano, de lo que se denominó el Permiso Especial de Permanencia (PEP), para que los ciudadanos del vecino país puedan tener una actividad económica legal y estable, sin necesidad de visa, pero haciendo la salvedad de que se da “por el término de la autorización”, es decir una corta permanencia.

“El PEP se dio como una medida humanitaria”, recalcó Andrés Torres, abogado experto en temas migratorios, nacido en Venezuela, pero quien reside hace siete años en Colombia. Es decir, sirve como identificación que posibilita la tenencia de un contrato laboral, así como la vinculación a las Empresas Prestadoras de Salud (EPS), la seguridad social y la apertura de cuentas bancarias.

El problema radica en que no hay una previsión política de que la situación en el vecino país cambie, por lo que este periodo (dos años) se quedaría corto.

“Gran parte de los beneficiados son estrato 2 y 4 y cuando se les acabe el PEP deberán pagar una visa que cuesta cerca de un millón de pesos por persona, que es muchísimo para un ciudadano de este país”, recalcó Daniel Pagés, presidente de la Asociación de Venezolanos en Colombia (Asocvenecol), que se dedica a gestionar información a esta población.

Para ejemplificar lo que sucede, explicó que en este país el sueldo mínimo es de 8 dólares al mes para una familia con dos personas trabajando, por lo que acceder a este costo por el permiso de residencia es muy alto, y eso sin contar que las familias tienen en promedio cuatro personas y el trámite para una visa de residencia es engorroso.

“Lo ideal sería que esos dos años del PEP, por ejemplo, contaran dentro del tiempo transcurrido en el país para obtener una visa de residente (…) pero eso no es posible”, dijo Torres (ver Paréntesis).

Refugiados
Un aspecto importante a evaluar es la condición de refugiados. La Agencia de la Organización de las Naciones Unidas para Refugiados (Acnur) expidió el 13 de marzo nuevas guías, que pretenden evitar “que las personas sean deportadas o forzadas a retornar” y la vulnerabilidad a la “la explotación, la trata de personas, la violencia, el abuso sexual, la discriminación y la xenofobia”.

Acnur aclara que la implementación de los mecanismos para legalizar la estancia de los ciudadanos se debe hacer “sin perjuicio del derecho a solicitar el asilo, especialmente en los procedimientos de expulsión o deportación o en el caso de la no renovación de los permisos de residencia”.

Además que debe darse independiente de la fecha de entrada al país, sin tener como excepción la condición de irregularidad de la llegada y permanencia ni la falta de documentos de identificación.

Estas solicitudes posteriores a las resoluciones emitidas por Colombia contradicen los caminos que el país ha establecido para regularizar la estancia de los ciudadanos de origen venezolano y que trascienden como recomendaciones a cualquier país.

El gerente para la Frontera con Venezuela, Felipe Muñoz, le dijo a EL COLOMBIANO que sobre posibles modificaciones a partir de lo que está vigente la última palabra la tiene Cancillería (sobre este tema el Ministerio de Relaciones Exteriores no se quiso pronunciar); “Lo que puedo decir es que es un documento interno que le hace unas sugerencias a sus oficinas nacionales (…) El Gobierno, con su normatividad, ha hecho una política generosa, sin llegar a la circunstancia del refugio, que está dentro de la normatividad y quienes la han querido pedir están dentro del proceso”.

El internacionalista Mauricio Jaramillo Jassir, reconoce que lo que emiten las agencias de las naciones unidas como Acnur “no tienen un carácter vinculante, pero eso depende de lo que se acuerda con los Estados que las acogen”.

Como en Colombia la agencia tiene presencia, se presumiría que sus recomendaciones deban ser tomadas en cuenta. “Muchas veces son tomadas como decálogo de intenciones, pero no se puede esperar ninguna literalidad de su aplicación (…) Las ventajas de seguir estas recomendaciones es que en muchos casos se puede conseguir financiación”, dijo Jassir.

El fenómeno real de la situación de venezolanos en el país se conocerá a partir del Registro Administrativo de Migrantes Venezolanos en Colombia que se va a realizar la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, desde el seis de febrero hasta el seis de junio, por ahora.

Lejos de cambiar el estatus migratorio de los venezolanos este registro es más censal, “no genera derechos de orden civil o político ni el acceso a planes o programas sociales u otras garantías”, asegura el Decreto 542 del 21 de marzo de 2018. Es decir no es un documento válido como el PEP. Se prevé que pueda costar 2 mil millones de pesos y tiene capacidad para censar al menos 800 mil personas (ver recuadro).

Lo que está vigente hoy
El permiso ha tenido dos etapas. La primera, se dio a la luz de la resolución 5797, del 25 de julio del año pasado, para quienes en este momento se encontraran en el territorio nacional, hubiesen ingresado a través de un puesto de control migratorio con pasaporte, no tuvieran antecedentes judiciales ni medidas de expulsión y deportación.

Las condiciones incluían un permiso con renovación cada 90 días, sin exceder los dos años, tiempo desde el cual se incurriría en “permanencia irregular”.

Las empresas que vincularan laboralmente a una persona con PEP conservaban la “obligación de reportar ante la autoridad migratoria” la actividad a través de la plataforma del Sistema de Información para el Reporte de Extranjeros (Sire). Bajo este modelo, legalizaron su situación 68.799 personas, según datos de Migración Colombia.

La segunda ola de permisos llegó con la Resolución 740 del 5 de febrero de este año, que con las mismas características del anterior. Le permite a los venezolanos tramitar el PEP si al dos de febrero de 2018 el ciudadano permanecía en territorio colombiano. En este caso se dio un plazo de cuatro meses para tramitar el documento.

Este proceso ha impulsado el requerimiento, que implicó 103.185 permisos hasta el 28 de febrero de este año. Así Migración Colombia reportó que 171.984 venezolanos han solicitado el PEP y la concentración de su lugar de residencia se encuentra en Bogotá (43,2 %), Antioquia (15,2 %) y Atlántico (7,3 %).

Tras ocho meses…
Pese a que han pasado varios meses desde que se expidió este permiso ya se vislumbran importantes retos.

Desde el alto gobierno esa información no parece llegar a quienes ejecutan esta posibilidad y hay “quejas por instituciones que niegan el derecho solicitado de acceder a salud o abrir una cuenta bancaria porque no conocen la documentación que avala estas posibilidades”, afirmó Torres. Por esto, desde su práctica ha tenido que presentar derechos de petición para que se pueda lograr la inclusión de ciudadanos venezolanos que entraron legalmente a Colombia y que cumplían con los requisitos establecidos.

Otro asunto es que el PEP no reconoce o legaliza la importante población flotante e informal que también llegó a Colombia, pero no cumple con los requisitos, por lo que la información contable no obedece a la realidad.

“Colombia no está preparada para enfrentar una situación de este tipo, pues no somos un país que tradicionalmente reciba migrantes ni hay una política de cómo podemos integrarlos en la sociedad en el largo plazo”, reconoció Stefanie López, profesora del departamento de Ciencia Política de la Universidad Nacional.

Migración Colombia ha defendido la postura de que hay pocos venezolanos que se quedan en el país. Prueba de esto, según la entidad, es que las salidas hacia Ecuador – Rumichaca se han incrementado significativamente.

Si se compara enero de 2018 con el mismo mes de 2017 la cifra varió de 9.058 a 56.147. En el segundo mes del año, la situación fue similar: de 8.244 a 63.700.

En todo el año pasado salieron 229.674 personas mientras en todo 2018 van 139.737.

Si usted es venezolano…
“Muchos de los ciudadanos venezolanos no han hecho el trámite del PEP porque les da miedo que los deporten o que suceda algo malo por ir a las autoridades colombianas”, sostuvo Daniel Pagés, presidente de la Asociación de Venezolanos en Colombia (Asocvenecol).

Pero no se asuste, las autoridades colombianas reconocen es un momento atípico “debido a la situación de orden interno que vive el país”, por lo que se hizo necesaria la expedición de mecanismos de “facilitación migratoria”, según reza en las resoluciones.

El trámite se da por internet a través de la página www.migracioncolombia.gov.co. A la mano, debe tener el documento de viaje, sea pasaporte o Cédula de Identidad, eso sí, con el que hizo el ingreso al territorio nacional por un puesto de control migratorio habilitado.

Debe llenar campos como su fecha de nacimiento, lugar de permanencia (dirección), número de contacto y correo electrónico. Tras hacer las validaciones pertinentes el certificado le saldrá en internet.

Es importante tener en cuenta las restricciones, pues recuerde que el permiso presume que no hay “intención de permanencia”.

Así, no equivale a una visa, no se otorga si el ciudadano ya posee una Tarjeta de Movilidad Trasfronteriza, no es válido como documento de viaje para el ingreso o salida de Colombia ni reemplaza el pasaporte o la visa de residente.

El PEP no es lo mismo del Registro Administrativo de Migrantes Venezolanos en Colombia. El último tiene una pretensión más censal, con el fin de mirar la magnitud de la migración y eventualmente, organizar la regularización de ciudadanos que hoy no poseen permiso en Colombia; no obstante, el solo registro no otorga esta facultad.

Si es empresario…
“El Permiso Especial de Permanencia (PEP), en compañía del pasaporte o del documento nacional de identificación, tiene plena validez como identificación, para la ocupación legal de ciudadanos venezolanos en el país”, sostuvo Luz Ángela Barahona, superintendente delegada Adjunta para Supervisión de Intermediarios Financieros y Seguros, de la Superintendencia Financiera de Colombia, a través de una carta circular emitida en diciembre del año pasado.

Y la advertencia es importante en la medida en que los empresarios puedan perder el miedo de estas contrataciones, debido a que existen los caminos legales para hacerlo sin contratiempos.

Eso sí, deben cumplir con el requerimiento que toda contratación de un extranjero implica ante el Sire. “Ha habido algunos casos que a los empresarios, les ha dado angustia la contratación, pero estamos trabajando en dar la información suficiente para que puedan vincular a las personas con estas condiciones”, reiteró el gerente del Plan Frontera, Felipe Muñoz.

La mayor dificultad, según ha asegurado Pagés, es que las personas sean afiliadas a salud con este documento y en algunas oportunidades sus asesorías se dan en este campo: “Es usual que esto se dé por falta de conocimiento”. Lo mismo sucede en los bancos en donde las oficinas de servicio al cliente no parecen estar muy enteradas de lo que ya la Superintendencia Financiera de Colombia ha advertido.

A febrero, al menos 9.698 ciudadanos venezolanos se habían afiliado a las Empresas Prestadoras de Salud (EPS), a partir de la expedición del PEP. Así lo asegura la Administradora de Recursos del Sistema de Seguridad Social (Adres), que además indicó que la mayoría se encuentran afiliados bajo un régimen contributivo (8.812) y 886 al subsidiado. Del primer grupo 43 % tienen un ingreso base de cotización mayor o igual a un salario mínimo.

Vale recordar que hoy muchos de los ciudadanos del vecino país, que están ubicados laboralmente en Colombia, pueden hacerlo debido a que son ciudadanos por adopción; sin embargo, tasar esta información aún no es posible.

Más allá de esta situación el Ministerio de Educación Nacional reportó que en el último año 33,2 % de las convalidaciones provienen de ciudadanos del vecino país y los profesionales que más han solicitado este trámite vienen de ciencias de la Salud (39,59 %) e ingenierías (18,06 %)

EL COLOMBIANO

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