“Mi amor, quiero decirte que mi compromiso es luchar hasta vencer, porque estoy seguro que nos quedan muchas horas de vuelo juntos”. La conmovedora frase provino del puño y letra de Rodolfo González, conocido como “el aviador” para honrar el aniversario de su esposa Chepa en febrero de 2015. Este piloto comercial fue acusado de ser “cabecilla” de las revueltas antigubernamentales que se dieron en Venezuela durante los primeros meses de 2014.Fue así como el 26 de abril de ese año una comisión del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) entró en su hogar y se lo llevó detenido hasta la sede del organismo en El Helicoide, al oeste de la capital venezolana. Ese sería el último vuelo de “el aviador”.

Tres días después y según la denuncia que hiciera Joel García, abogado defensor en aquel entonces de González, la fiscal Katherine Haringhton le habría visitado para ofrecerle “beneficios procesales” a cambio de acusar entre otros, al alcalde metropolitano Antonio Ledezma, expediente en el que también actuó esta fiscal y por medio del cual vinculó al dirigente estudiantil Lorent Saleh, a quien acusó de “expedición indebida de certificaciones, facilitación de ingreso ilegal de extranjero y falsificación de documentos”, entre otros. “La fiscal le dijo a mi hijo que se pudriría en la cárcel” denunció en aquel entonces Yamile Saleh, madre de Lorent.

“El aviador” no cedió y poco antes de cumplir un año tras las rejas, el 13 de marzo de 2015, fue hallado sin vida dentro de su celda con signos de ahorcamiento. Personas familiarizadas con el caso contaron que se habría suicidado para evitar que los jóvenes que también estaban presos con él, fueran trasladados al penal de Yare.

“La Fiscal Katherine Harrington hizo una acusación terrible y lamentablemente mi padre no aguantó esa presión”, escribió su hija Lissette González en un tuit, a propósito de la trágica muerte de su padre, cuya vida acabó tras las rejas sin más pruebas que los señalamientos de un “patriota cooperante”.

Vaya hoja de vida

Se esperaba que con la instalación de la Asamblea Nacional Constituyente, la mujer fuera “ascendida” a la silla que Luisa Ortega Díaz ocupó hasta que la Guardia Nacional le impidió entrar a su despacho y que fuera “removida” por designio de Diosdado Cabello y Delcy Rodríguez. Pero no. Tarek William Saab llegó sin esconderse en maleta alguna y fue ungido como el nuevo carcelero de la revolución.

El historial privado de la abogada es tan misterioso como el origen de su apellido que se presume esté en Gran Bretaña. Katherine Haringhton no existe en el mundo digital, más allá de sus actuaciones públicas y una recién creada cuenta en la red social Twitter, en la cual se erige como “Vicefiscal General de la República”, cargo que de manera espuria le encomendó el pasado 4 de julio el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y no la Asamblea Nacional, como corresponde según la Ley.

Lo que sí se sabe, es que desde el pasado 15 de febrero no tiene un empleo formal o al menos así le registra el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (Ivss). El último empleador que canceló sus honorarios fue el Ministerio del Poder Popular de Desarrollo Minero Ecológico. Llama la atención que tampoco aportó al Seguro Social obligatorio entre 2002 y 2003, años en los que según los registros oficiales se desempeñó como fiscal auxiliar interino en la Fiscalía Primera de Reenvío en lo Penal.

Katherine Nayarith Haringhton Padrón alcanzará los 46 años el 5 de diciembre próximo. Egresó como abogada en 1997 de la Universidad Central de Venezuela, pero según los datos que recoge el Ministerio del Poder Popular para la Comunicación e Información, ya en 1994 ejercía como Asistente de Recursos Legales. En 1998 ocupó el cargo de procuradora de menores en el estado Aragua en condición de encargada. Si algo ha sido una constante en sus más de 20 años de carrera dentro del Ministerio Público es justamente esta condición de interinidad, y el haberse erigido en la fiscal estrella del régimen.

Y no es una afirmación al aire. Una carta fechada en septiembre de 2016 da fe de su condición de militante de la revolución, a decir de la propia ex fiscal, razón que usó para justificar su petición de jubilación ante Luisa Ortega Díaz, máxima autoridad del Ministerio Público.

Reconoce que mientras ocupó el cargo de Viceministra del Sistema Integrado de Investigación Penal del Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz, desde el 7 de abril al 27 de septiembre de 2015, su actuar “comprometió flagrantemente la debida objetividad que debe presentar un fiscal del Ministerio Público”, por lo que solicitó acogerse a la jubilación, la cual le fue otorgada en octubre de ese año, según el documento que la periodista Luz Mely Reyes publicó en su cuenta en la red social Twitter.

Haringhton saltó nuevamente a la “fama” el pasado 4 de julio cuando, en franca violación a la Ley el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) le juramentó como vicefiscal, cargo que desde abril pasado se le encargó a Rafael González, designación conferida por la Asamblea Nacional, espacio natural para hacerlo. Un par de días después de ser ilegalmente juramentada, Haringhton se presentó a la sede del Ministerio Público en compañía de una comisión del TSJ y funcionarios del Sebin. Su acceso le fue impedido.

Menos de 24 horas después, la fiscal intentó nuevamente, esta vez de manera subrepticia lo que no pudo lograr públicamente. Haringhton se introdujo en la maleta del automóvil de su colega Narda Dianette Sanabria Bernatte –fiscal acusadora del líder de Voluntad Popular Leopoldo López por los hechos de febrero de 2014– y entró a la sede del organismo judicial. Casi logra su cometido, pero fue identificada cuando se encontraba en el segundo piso del edificio. Fue desalojada.

Los intentos fallidos de usurpar un cargo que no le corresponde traspasaron fronteras. El 13 de julio, la fiscal jubilada apareció en Argentina. Se presentó en la Asamblea Extraordinaria de Ministerios Públicos Iberoamericanos que se realizaba en la sede de la Procuraduría General de ese país. “Cuando la chavista intentó participar de la reunión, los procuradores generales de los demás países se lo impidieron y solo habilitaron la entrada a Patricia Parra, la representante de Luisa Ortega Díaz”, reseña el portal Infobae.

Aunque no hay acceso a alguna prueba pública, se le vincula a la figura del ex Ministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz, y actual director del Sebin, Gustavo González López, con quien comparte un espacio en la nada deseable lista de sancionados por el Departamento del Tesoro de los EEUU, como violadores de Derechos Humanos. La medida obliga a los organismos competentes a congelar todas las propiedades y cuentas bancarias que estos tengan en territorio estadounidense o “personas relacionadas”, así como la suspensión de la visa de entrada a este país.

Ambos también coincidieron en sus cargos dentro del Ministerio de Relaciones Interiores. Según Gaceta Oficial N° 40795 del 24 de noviembre de 2015, “la Viceministra del Sistema Integrado de Investigación Penal, en calidad de Encargada, se le delegaron atribuciones en materia de contrataciones públicas”.

Aun cuando esta materia debe ser sometida al escrutinio público en pro de la transparencia de las finanzas públicas, sólo existe en los registros digitales una carta fechada en agosto de 2016 en la que se adjudica a la empresa Replay Arenas Viajes y Turismo, C.A el “plan vacacional para los hijos e hijas de los funcionarios uniformados y personal contratado que prestan servicios en el cuerpo de la Policía Nacional Bolivariana correspondiente al ejercicio fiscal, año 2016”.

El Registro Nacional de Contratistas (RNC) reseña que esta empresa obtuvo más de 50 contratos de servicios en 2012 tanto con organismos públicos como el Sebin, Banco Central de Venezuela, Sistema Autónomo de Registros y Notarías (Saren), la Contraloría General de la República y algunos ministerios, además de la Alcaldía de Chacao, como también empresas privadas como Venevisión o Zumaseguros, para confiarle servicios de campamentos vacacionales y visitas guiadas.

Llama la atención que, tratándose de una empresa con tanto alcance comercial, son pocos los detalles públicos disponibles tanto de esta como de sus accionistas, Edgar de Jesús Hernández Labarca y Carlos José Montoya Sanoja, Presidente y Director de la firma respectivamente.

Hasta el año 2005, Haringhton ejerció su derecho al voto en San Antonio de los Altos, en los Altos Mirandinos. A partir del siguiente año ejerce este derecho en la Unidad Educativa Colegio el Carmelo, ubicado en Las Acacias, vecindad que forma parte de la parroquia San Pedro del municipio Libertador.

Acusaciones con gatillo alegre

Lo que no dice Haringhton en el texto que acompañó su solicitud de jubilación, es que la militancia de la que echa mano como argumento para separarse de su carrera en el Ministerio Público, fue precisamente el aval que le precedió para erigirse en la fiscal acusadora de no pocas figuras emblemáticas de la oposición venezolana. Además de “el aviador” y su trágica muerte, pasaron por su despacho los expedientes de Antonio Ledezma, el alcalde metropolitano que tiene casa por cárcel acusado de conspirar contra el Gobierno, y la fundadora del partido Vente Venezuela, María Corina Machado, a quien acusó por supuestamente conspirar para asesinar al presidente Nicolás Maduro.

Haringhton siguió la línea que el alcalde chavista Jorge Rodríguez dibujó, tras la denuncia que este formalizara en mayo de ese año. Henrique Salas Römer, Diego Arria Salicetti, Ricardo Emilio Koesling Nava, Pedro Mario Burelli, Gustavo Tarre Briceño y Robert Alonso también fueron señalados de ser partícipes en la supuesta conjura.

Pero las muestras de lealtad de la fiscal pueden encontrarse más atrás en el tiempo. Tras la bancarrota del Banco Federal, la entonces fiscal vigésima también actuó. En agosto de 2010 solicitó a un tribunal la extradición de Nelson Mezerhane, socio de la entidad bancaria por “presuntamente cometer delitos de asociación para delinquir, aprovechamiento fraudulento de fondos públicos, aprobación indebida de créditos, apropiación y distracción de recursos financieros, difusión de información financiera falsa y ocultamiento de información en la declaración institucional”.

En mayo del 2011, siendo la fiscal 50° nacional, impulsó la medida de apelación de la sentencia absolutoria dictada a favor de la ex presidenta del Fondo de Garantía de Depósitos y Protección Bancaria (Fogade) Esther de Margulis, investigada por enriquecimiento ilícito y ocultamiento de datos que debe contener la declaración jurada de patrimonio.

El saco de expedientes no se detiene allí. Ana María Abreu de San Miguel, cuñada de la directora de la ONG Control Ciudadano, Rocío San Miguel, fue acusada por la fiscal por supuestamente revelar secretos que vulneraban la seguridad de Estado a los cuales tuvo acceso cuando se desempeñaba como parte del equipo médico de la Presidencia de la República, a mediados de 2012.

En enero de 2013 dictó privativa de libertad a siete funcionarios de la Notaría Pública Quinta de Maracaibo por la presunta comisión de los delitos de forjamiento de documento público, ocultamiento de documento público y asociación para delinquir.

El 9 de junio de 2014 le tocó el turno a Alejandra Otero, hija del editor del diario El Nacional, Miguel Henrique Otero, quien fue interrogada en el Sebin ese día. Tanto ella como su padre fueron citados por la fiscalía vigésima en manos de Haringhton, aunque desconocían los motivos de la diligencia. “Las razones específicas no las conozco, pero no me sorprendió que me citaran a mí ni a mi papá porque hace unas semanas se han visto declaraciones de personas en el alto Gobierno que han mencionado nuestros nombres. Lo hemos interpretado como una medida de intimidación y amedrentamiento”, declaro Otero a su salida del interrogatorio.

Gaby Arellano del partido Voluntad Popular y hoy diputada a la Asamblea Nacional recibió una dosis de justicia militante y el 15 de enero de 2015, mientras se desempeñaba como activista del Frente Universitario del partido, la fiscalía vigésima en manos de Haringhton le imputó cargos por el delito de conspiración.

La jueza María Afiuni, Rodrigo Diamanti, presidente de la ONG Un Mundo Sin Mordaza, Tamara Sujú, abogada perteneciente al Foro Penal Venezolano –hoy asilada en la República Checa–, también conforman la larga lista de acusaciones levantadas por Haringhton contra representantes de los sectores adversos a su línea partidista.

Además de las funciones que desempeñó dentro del organismo judicial, la ex fiscal formó parte del Consejo General de Policía, según resolución n° 097 publicada en la Gaceta Oficial N° 40667, de 2015.

Del amor al odio, un paso

Poco tiempo ha transcurrido desde que la fiscal Luisa Ortega Díaz, ahora disidente chavista en ejercicio de sus funciones, defendió a Katherine Haringhton del “ataque” imperialista”. Fue el 10 de marzo de 2015, durante la presentación de la memoria y cuenta correspondiente al ejercicio 2014 de su gestión ante los miembros de la Asamblea Nacional cuando Ortega afirmó que “tenemos que proteger a nuestra fiscal Katherine Harringhton, debemos estar pendientes de su familia y sobretodo brindarle solidaridad” a propósito de las sanciones que tanto ella como seis militares recibieron un día antes desde EEUU por violaciones a los derechos humanos. La entonces funcionaria del MP fue la única civil en el grupo incluido en la lista del Departamento del Tesoro de la nación estadounidense.

“En el complimiento de su deber perdió la vida Julio González, lo recordamos hoy, un fiscal valiente, trabajador, abnegado, heroico, como son todos los fiscales del Ministerio Público, como lo es Katherine Harringhton. Katherine, mujer valiente, a quien le expreso todo el apoyo, no solamente el apoyo de la fiscal general, si no toda la institución del Ministerio Público y estoy segura que todo el pueblo venezolano está contigo. Pretenden impedir que nuestros fiscales cumplan con sus funciones, quieren impedir que Katherine trabaje, los poderosos del norte no quieren que Katherine trabaje”, dijo en aquella oportunidad.

Lo cierto es que no habría sido posible que la confesa militante actuara, de no tener la venia de Ortega Díaz al frente del Ministerio Público hasta septiembre de 2016, cuando Haringhton solicitó su jubilación. Hoy, “la catira” la señala de actuar sin apego a las leyes y de querer tomar por la fuerza un cargo que no le corresponde. Tarek William Saab ahora es quien estará atento a una nueva peripecia de la emisaria chavista.

EL ESTIMULO

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