Linda Loaiza pedirá el martes ante la audiencia que realizará la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en Costa Rica, que declare al Estado venezolano responsable de violar el derecho a la integridad de ella y de su familia, en vista de que en el país, en su caso, no hubo justicia. “Se trata de justicia, no de venganza. Es una forma de resarcir los derechos humanos de la mujer en América Latina que han sido vulnerados”, expresó.

Hace 16 años y 6 meses a Linda Loaiza la rescató la Policía de Chacao de un apartamento en El Rosal, donde Luis Carrera Almoina la mantuvo atada a una silla durante casi cuatro meses. Estuvo bajo amenaza de muerte, pues a diario el hombre la apuntaba a la cabeza con un arma de fuego. Hizo lo que quiso con ella. Cada vez que salía la amordazaba, pero en vista del deterioro físico y mental de la víctima, ese día, se fue sin colocarle la mordaza, circunstancia que fue aprovechada por Loaiza para gritar y que los vecinos y transeúntes la oyeran. Así pudo acercar la silla a una ventana y pedir auxilio. En vista de las graves lesiones la llevaron a un hospital donde permaneció cinco meses.

Desde entonces ha sido sometida a más de 15 intervenciones quirúrgicas en el abdomen, cara, ojos, orejas, en la mandíbula que tuvo triple fractura, páncreas, además de haberle hecho una reconstrucción vaginal; sin embargo, aún faltan por practicarle otras operaciones en labios y orejas.

El Tribunal 7º de Juicio de Caracas sentenció a 6 años y un mes de prisión a Luis Carrera Almoina, por los delitos de privación ilegítima de la libertad y lesiones gravísimas. Cumplió la pena y quedó en libertad, y ella señala que el juez no tomó en cuenta los delitos de homicidio calificado en grado de frustración y violencia sexual. “Por todo esto acudí al sistema internacional, el cual debe establecer la responsabilidad del Estado y eso es lo que se le pide a la Corte”, afirmó la víctima.

Choque de poderes

Al analizar el proceso judicial de su caso, ella opina: “En principio se manejó una cultura muy machista. Se tomó en cuenta que somos una familia del campo, mis padres son colombianos. Hubo un choque de poderes porque del otro lado, Carrera Almoina integra una familia de académicos e intelectuales. Era una élite intocable”, agregó.

Loaiza aclaró que la acción internacional que intenta es contra el Estado venezolano y no contra su agresor. “El Estado venezolano orquestó para que no hubiese justicia en mi caso”, dijo.

Para ella la investigación “demostró que no hay independencia de poderes. Unos organismos a los que compete la defensa de derechos humanos se pelotearon el caso y alegaron que este no era de su competencia”, expresó.

Loaiza, abogada egresada de la Universidad Santa María con posgrado en Derecho Internacional de Derechos Humanos, y la segunda de 11 hermanos nativos de Mérida, estará el martes con representantes del Center for Justice and International Law (Cejil por sus siglas en inglés), Liliana Ortega y su abogado Juan Bernardo Delgado.

No ha sido fácil superar la tragedia que vivió. “He tenido confianza y fe en Dios, y además he tenido apoyo familiar. He contado con la solidaridad de gente que me ha fortalecido. Es una catástrofe humana difícil de explicar, pero siempre he tenido confianza que alcanzaré la justicia”, afirmó para luego decir “la mitad de mi existencia he estado inmersa en este proceso que ha destruido mi vida”.

El primer caso de violencia de género

Liliana Ortega, que dirige Cofavic desde 1989, acompañará a Linda Loaiza en la audiencia delmartes en Costa Rica, explica que la tardanza de llegar este caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos se debe a que en el proceso interamericano hay que cumplir varios pasos porque es en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos donde se sustenta el expediente que luego pasa a la instancia superior, una vez cumplidos todos los requisitos.

Destacó que este es el primer caso de violencia de género que es elevado a esa instancia y “esperamos que haya jurisprudencia positiva”, dijo. Luego manifestó que en esa materia en Venezuela los casos no pasan de la fase preliminar. “Hay trabas institucionales y el miedo ha permeado la sociedad venezolana”.

Al ahondar en el tema, Ortega explicó que a las mujeres se les hace difícil, por miedo, que no haya decisión por lo que el agresor se siente fortalecido. “Creemos que la Corte tiene en sus manos algo positivo para el beneficio, no solo para el país sino para la región y que puede ayudar a abrir caminos, que tengamos una Venezuela mas digna”, y agregó que la actuación del país en el cumplimiento de sanciones es muy baja. “Vamos a ver que pasa ahora”, afirmó.

Recordó que el caso de Linda Loaiza llegó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos porque la denuncia se hizo cuando estaba en vigencia la Convención Americana de la cual el Estado venezolano se retiró en 2013. “Ahora las mujeres no tienen la oportunidad de ser escuchadas en esa instancia a menos que el Estado retire esa decisión”, dijo.

EL NACIONAL

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