La fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz, aseguró este lunes que “estamos frente a un delito de lesa humanidad que se ha venido cometiendo de manera sistemática y sostenida desde la convocatoria inconstitucional de la Constituyente presidencial”.

Durante una rueda de prensa, resaltó que con la convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente se “violó el sagrado derecho a la soberanía y todo lo que ha ocasionado, como las muertes durante las protestas, homicidios, extorsión a los empleados públicos para obligarlos a ir a votar, entre otros”.

En ese sentido, la fiscal destacó que el Ministerio Público (MP) ha recibido reiteradas denuncias sobre amenazas que han sufrido funcionarios públicos al ser obligados a votar.

Entre las advertencias recibidas, detalló que una de ellas eran perder los beneficios otorgados por el presidente de la República fallecido, Hugo Chávez. “Yo no puedo obviarlo y por eso ordené una investigación penal”, agregó.

Asimismo adelantó que, si se cumplen esas amenazas a través de las órdenes dadas por el presidente de la República, Nicolás Maduro, evaluaría acudir a instancias internaciones, “porque los delitos de lesa humanidad los pueden reconocer los organismos internacionales con el cúmulo de pruebas que tenemos para garantizar sanciones”.

Por ello, se dirigió al país de manera “imperativa y categórica con el mandato de las leyes para deconocer el origen, proceso y presunto resultado de la inmoral Constituyente presidencial”.

Ortega Díaz señaló que la ANC no tiene legitimidad y cuestionó el boletín emitido por la presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE), Tibisay Lucena, sobre la cantidad de votantes en el proceso electoral del día de ayer.

“Es un resultado para el beneficio del Gobierno, para mantenerse en el poder, es lo que quieren”, aseveró.

A su juicio, ahora el poder absoluto está en manos de una minoría que tiene una ambición dictatorial. “Es una estructura de Gobierno reforzada que acabará con el derecho al sufragio”.

En tal sentido, alertó que luego de la instalación de la Constituyente no habrá separación de poderes públicos, la cuál especificó es la única garantía del control de la administración pública.

La también integrante del poder moral agregó que los términos en los que se dio dicho proceso fueron inconstitucionales e ilegales que la “obligan” apegarse al artículo 350 de la Constitución de la República.

Lamentó que Maduro haya ordenado de primer momento reestructurar el Ministerio Público, porque según ella la intención es gobernar sin moral y sin principios.

121 fallecidos y 1.958 lesionados durante protestas

121 fallecidos y 1.958 lesionados es el saldo que han dejado las protestas opositoras en contra del Gobierno de Maduro en estos casi cuatro meses, según cifras de la Fiscalía. Ayer 10 personas perdieron la vida “en el contexto de la viciada elección”, refirió.

Alertó que se está en presencia de patrones de violencia sistemática de derechos humanos, por lo que resaltó que no será complice y se mantendrá denunciando tales violaciones. Ortega detalló que estas muertes corresponden, al menos, en un 25% a las acciones producidas por cuerpos de seguridad del Estado, mientras que el 40% es responsabilidad de civiles armados que actúan en contra de los manifestantes.

Entretanto, Ortega Díaz precisó que van a sancionar a quienes se lucran con las riquezas del país. “Es nuestra misión, como servidores públicos, atacar la corrupción”. Aseguró que actualmente maneja 36 mil 124 investigaciones por corrupción que vienen en aumento.

Caso Odebretch

Destacó que la investigación de las negociaciones con la empresa brasileña Odebretch es el caso que más preocupa, por la cantidad de dinero que fue invertido en ese momento.

En tal sentido relacionó unas declaraciones del director general de las FAO en el 2008 en las que dijo que se necesitaban 30 mil millones de dólares anuales para erradicar el hambre en el mundo, “monto que el Estado venezolano le pagó a Odebretch para hacer las obras del Metro Caracas-Guatire”, cuyas obras están paralizadas.

En otro sentido afirmó que las negociaciones que tienen con el arco minero también están siendo investigadas. Por ello enfatizó que es necesario que los funcionarios no tengan prontuarios policiales ni ostentosas mansiones en otros países.

Cortina de humo

La funcionaria adelantó que la Constituyente “es una cortina de humo” para ocultar los casos de corrupción además de violaciones de los derechos humanos, por lo que tiene entre sus prioridades “ir por la cabeza de la fiscal”. Afirmó que se mantendrá firme en su ‘posición constitucional, “no vamos a permitir que destruyan la Constitución, nuestras institución ni el país”.
EL UNIVERSAL

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