El gobierno de Nicolás Maduro ha enfrentado bajas importantes en sus cinco años. Quienes no comulgan con su gestión han escogido la disidencia disimulada, pero los que se sintieron perseguidos o en peligro eligieron el exilio indefinido. El caso de la fiscal general Luisa Ortega Díaz, y su esposo, el diputado Germán Ferrer, es el más reciente.

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Ortega Díaz nunca se manifestó abiertamente madurista, aunque en los primeros años acudía a los actos oficiales en primera fila. La fiscal se declaró públicamente en rebeldía el viernes 31 de marzo, cuando calificó como una “ruptura del orden constitucional” las sentencias 155 y 156 del Tribunal Supremo de Justicia, que restaron competencias a la Asamblea Nacional. Luego se opuso, también por inconstitucional, a la propuesta de Maduro de convocar una Asamblea Nacional Constituyente, cuya elección se llevó a cabo el 30 de julio, desde donde se avaló la sentencia de su destitución, emanada de la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ). La noche de este jueves 17 de agosto se conoció que abandonó el país junto a su esposo, con rumbo hasta ahora desconocido, luego de que funcionarios del Sebin se presentaran su residencia. El destino de ambos hasta ahora fue Colombia, a cuyo gobierno pidieron protección.

Aunque desapareció de los titulares en los medios, el capitán de corbeta Leamsy Salazar logró que durante meses el alto gobierno se tambaleara al negociar con la DEA durante más de un año, tras la muerte del expresidente Hugo Chávez, de quien fue un escolta leal y discreto. Emigró a Estados Unidos junto con su esposa, la también capitán del Ejército, Anabel Marina Lunares, exdirectora suplente del banco Bicentenario.

Hebert García Plaza asumió en 2013 el Ministerio para el Transporte Acuático y Aéreo y pasó el 1º de octubre del mismo año a dirigir el Órgano Superior para la Defensa Popular de la Economía. En 2014 estuvo frente a la cartera de Alimentación por tres meses. Sin embargo, el 21 de abril de 2015, el Tribunal 10º de Control de Caracas lo imputó por el delito de peculado doloso en la compra de ferrys. Tras la acusación, el militar salió del país y la jueza Nahilu Sánchez pidió a Interpol difundir alerta roja para su detención.

El exgobernador de Aragua y militar retirado, Rafael Isea, se declaró en Nueva York, Estados Unidos, como perseguido político del Gobierno venezolano, según publicó el diario español ABC. La razón: haber denunciado a altos funcionarios de su país por sus «relaciones con actividades del narcotráfico y terrorismo». El exministro declaró a las autoridades que «tiene conocimiento de que el presidente Hugo Chávez habría aprobado el pago de varios millones de euros (siete) a estas personas por los servicios prestados entre los años 2008 y 2011».

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