Con la sentencia 156 de la Sala Constitucional, que quitó las competencias parlamentarias a la Asamblea Nacional, se dejó sin Estado de Derecho a los venezolanos. En esto coinciden abogados que consideran una alteración democrática los dictámenes emitidos esta semana.

“Las sentencias 155 y 156 de la Sala Constitucional no tienen explicación jurídica. La sala, que debe ser garante del pacto social, se alza contra la carta magna. Este es un golpe mortal al Estado de Derecho y a la Constitución, un golpe mortal al sistema democrático. La Sala Constitucional no puede atribuirse las funciones del Parlamento ni constituirse en un poder supremo”, señaló el abogado Alberto Arteaga Sánchez.

Sostuvo que hay un desconocimiento grotesco de la voluntad popular que eligió el 6 de diciembre de 2015 a la AN como la expresión de la pluralidad del país.

El constitucionalista Gerardo Blyde, alcalde de Baruta, dijo que “la Sala Constitucional pretende asumir todas las competencias exclusivas que la Constitución le confiere a la AN, en abierta violación de las normas atributivas de competencias y usurpando en bloque todas las funciones del Parlamento, lo que es nulo e inexistente por inconstitucional. Esta es una nueva decisión mediante la cual la Sala usurpa las funciones exclusivas del Legislativo en materia del control parlamentario”.

Blyde añadió que la Sala del TSJ se excedió al responder a un recurso de interpretación del Artículo 33 de la Ley Orgánica de Hidrocarburos, en relación con el artículo 187, numeral 24, de la Constitución, sobre la intervención del Poder Legislativo para aprobar la constitución por el Ejecutivo nacional de empresas mixtas entre el Estado y terceros.

Resaltó que la Sala Constitucional debió cumplir con la obligación de fijar un plazo al Poder Legislativo para que deje de estar incurso en la omisión inconstitucional parlamentaria declarada por los magistrados.

Transparencia Venezuela advirtió que con las sentencias emitidas esta semana, los 7 magistrados de la Sala Constitucional dejaron sin Estado de derecho a 31 millones de venezolanos. “Estos magistrados se convirtieron en incondicionales aliados de los intereses del gobierno nacional y finalmente han acabado con la democracia, sostenida en el Estado de Derecho y en la separación de los poderes públicos”, señaló la ONG.

Transparencia exhortó a los representantes de los poderes públicos despojados de sus atribuciones por la Sala Constitucional “a defender la democracia, la separación de poderes, el respeto del Estado de Derecho y la vigencia plena de la Constitución; de no hacerlo y obedecer o ejecutar algún acto que viole o menoscabe los derechos garantizados por la Constitución, no solo serán cómplices de la ruptura del orden democrático, sino que también incurrirán en responsabilidad penal, civil y administrativa, según el caso”.

Autoritarismo.
El abogado constitucionalista Luis Alfonso Herrera, coordinador de Parlementemos, de Cedice, afirmó que con sus recientes actuaciones “la Sala Constitucional confirma con creces todas y cada una de las denuncias expuestas en el informe del secretario general de la OEA sobre la grotesca ausencia de democracia, Estado de Derecho y respeto a los derechos humanos en el país; esto es tanto como confirmar que en Venezuela opera un régimen autoritario, que ejerce el poder de forma dictatorial y que no tiene pudor en mostrar su verdadera naturaleza”.

Destacó que el fallo no proviene de un tribunal independiente: “La sentencia fue dictada por agentes políticos designados inconstitucionalmente, sin seguir un juicio previo con garantía del derecho a la defensa, y en el que no se aplica la Constitución sino, por el contrario, se la viola en forma grosera y violenta”.

Herrera afirmó que las competencias de la AN son indelegables e irrenunciables. Refirió que de haber un desacato del Parlamento, “la Sala Constitucional solo podría pedir a la Fiscalía que inicie juicios penales contra los presuntos autores del delito de desacato y exhortar a la AN a que ejerza su competencia y solvente la omisión; nunca podría jurídicamente sustituirse la AN para ejercer en su lugar esas competencias, ya que no tiene legitimidad democrática ni constitucional para ello”.

EL NACIONAL

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