Fotografía Archivo

El Gobierno de Nicolás Maduro formalizó la liberación de otros 43 prisioneros por razones políticas, el tercer lote de procesados penales que han salido de la cárcel en poco más de un mes, en un gesto que ha sido ofrecido al país, en medio de una tormentosa e inédita situación económica y social, como abono para “el reencuentro y la reconciliación política de los venezolanos”

El anuncio fue hecho, en primer término, por el fiscal general del régimen chavista, Tarek William Saab, y poco después por Delcy Rodríguez, presidenta de la Asamblea Constituyente, el controvertido foro político que ha sustituido de facto al poder legislativo en Venezuela, que es dominado por la oposición.

Aunque algunos voceros siguen empeñados en especular con el advenimiento de nuevas liberaciones, Delcy Rodríguez, vocera de la Comisión de la Verdad, que ha organizado el chavismo con su propia militancia para esclarecer los hechos violentos de 2017, afirmó, al hacer el anuncio, que, con la medida, el Gobierno “concluye una etapa”.

Como ya sucedió en las dos ocasiones anteriores, existe un importante número de personas liberadas que no son precisamente activistas opositores al Gobierno de Maduro. Buena parte de ellos han sido militantes del chavismo que han cometido delitos, ciudadanos que han encabezado furiosas protestas en las calles por fallas en servicios públicos o personas sancionadas por estafa. Alonso Medina Roa, abogado y defensor de Derechos Humanos, calcula que, en rigor, en esta tercera entrega hay unos 15 auténticos prisioneros políticos.

Los prisioneros fueron trasladados a la Casa Amarilla, la sede de la Cancillería en Caracas, lugar donde también despacha administrativamente la Asamblea Constituyente. Ahí recibieron una arenga sobre el objetivo de la paz pública y la convivencia democrática, y fueron instados a que valoraran el gesto desprendido del gobierno bolivariano, invitándolos a “no tomar de nuevo el camino de la violencia”.

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