El abogado constitucionalista José Vicente Haro indicó que el nuevo decreto de estado de excepción y emergencia económica sancionado por el Ejecutivo busca darle piso jurídico a la aplicación del Plan Zamora. “En él se habla de tomar todas las medidas necesarias para garantizar la paz social y evitar la desestabilización en los ámbitos económico, político y social”, señaló.

Afirmó que había que considerarlo con especial atención porque el presidente de la República se atribuye facultades para tomar cualquier medida, lo que es nuevo en esos términos. “Es abiertamente anticonstitucional, violatorio del artículo 337 de la Constitución y de los tratados internacionales suscritos por la nación”.

Señaló que el único control era la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia. “No se nombra para nada a la Asamblea Nacional”.

La Constitución nacional establece tres tipos de estados de excepción, lo que antes era la suspensión de garantías: alarma, en caso de catástrofes; emergencia económica, en caso de circunstancias extraordinarias; y estado de conmoción interior o exterior, cuando exista un conflicto de carácter interno o externo. En cualquiera de los casos debe ser aprobado por la Asamblea Nacional por 60 días. Puede ser prorrogado una vez.

El constitucionalista Juan Manuel Raffalli destacó que el decreto es una reedición de los que ya se han promulgado para poder saltarse las formas legales. “No es nuevo, solo que el gobierno le hace añadidos sobre soberanía y orden interno”.

Subrayó que como Nicolás Maduro no puede pedir una ley habilitante, entonces gobierna por decreto. “El presidente no está habilitado para implementar un toque de queda ni para eliminar elecciones, menos para atentar contra derechos humanos, que no lo puede hacer nunca”.

Explicó que para el Ejecutivo sería imposible justificar un estado de conmoción por protestas. “Su aplicación sería forzosa, como cuando los gobernadores decretaron que no se podía manifestar en sus estados. Sería complicado que explicaran, por ejemplo, un toque de queda por razones políticas, simplemente porque la gente protesta”.

Raffalli dijo, asimismo, que Maduro no necesita suspender garantías para saltarse la Constitución. “Ya lo están haciendo, así que no veo razones para tomar una decisión de esa magnitud”.

EL NACIONAL

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