Siete militares, entre ellos seis primeros tenientes y uno en condición de retiro, junto con un mecánico y un taxista, fueron detenidos entre el 8 y 10 de enero, días antes de la operación del 15 de este mes, por estar presuntamente vinculados con el ex inspector del Cicpc, Oscar Pérez. La abogada encargada del caso, Lilia Camejo, aseguró que luego del arresto los trasladaron a la sede del Dgcim ubicada en Boleíta. Indicó que allí los funcionarios de la Dirección de Contrainteligencia Militar torturaron a los detenidos. “Uno de los oficiales que fueron imputados tenía la nariz rota, otro tenía los tobillos inflamados y los pies con cortaduras”, informó.

También señaló que el caso de tortura fue denunciado en la audiencia realizada el viernes en horas de la tarde. “El daño que sufrieron viola la ley contra la tortura, tratos crueles y degradantes establecidos en la legislatura venezolana”, dijo.

Denunció que tanto el taxista como el mecánico fueron presentados en tribunales militares cuando debieron acudir a tribunales penales ordinarios como cualquier otro civil, más allá de que hayan sido imputados por sustracción de armamento castrense.

A las nueve personas las trasladaron el viernes 19 de enero a la cárcel de Ramo Verde y fueron imputados por rebelión militar, traición a la patria y sustracción de bienes de las Fuerzas Armadas. Uno de ellos fue detenido mientras recibía clases en un aula de la Escuela de Infantería, lo obligaron a desalojar el salón para posteriormente ser aprehendido.

La abogada sostuvo que la Fiscalía Novena Militar y el Tribunal Segundo de Control no tienen en los alegatos nada que vincule a esas nueve personas con el ex funcionario. “No hay evidencias de complicidad”, afirmó. Además puntualizó otra irregularidad en el caso: el fiscal los imputó en calidad de cómplices y “no especificó en la audiencia la presunta relación que tenían con Pérez”. Aseveró que la defensa pedirá al fiscal la investigación correspondiente para demostrar que no tienen relación alguna con Oscar Pérez.

AN confirmó ajusticiamiento

Los cuerpos de Oscar Pérez, Daniel Enrique Soto Torres, Abraham Israel Agostini, José Alejandro Díaz Pimentel, Jairo y Abraham Lugo presentaban un patrón en común: disparos en la cabeza. Delsa Solórzano, presidente de la Comisión Especial de la Asamblea Nacional que investiga la masacre de El Junquito, confirmó esta información ayer por los testimonios de los familiares que pudieron ver los cadáveres en la morgue de Bello Monte. “Los disparos en la cabeza que reflejan los certificados de defunción indican un claro patrón de ajusticiamiento en todas las víctimas”, manifestó. Lisbeth Ramírez, por su parte, presentaba un tiro en la cervical, “que también corresponde a un patrón de ajusticiamiento”, señaló. Denunció que por este caso ha habido allanamientos, lesiones graves, torturas, desapariciones, “entre otras violaciones graves de los derechos humanos, de las cuales han sido víctimas los allegados del grupo de Pérez”. Solórzano apuntó que en cuanto al entierro también se le violaron los derechos a los parientes. “Los cuerpos fueron trasladados al Cementerio del Este. Hicieron firmar a familiares la entrega de los cuerpos y no los entregaron como se debe”, dijo.

EL NACIONAL

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