Edward Rodríguez, oriundo del estado Portuguesa, espera desde hace dos años que el Ministerio de Educación le cancele sus prestaciones sociales. El educador, con más de 25 años de servicio, se jubiló en 2014 y desde entonces ha intentado comunicarse con las autoridades del organismo para reclamar el pago de sus ahorros. Las veces que ha logrado hablar con algún funcionario la justificación que le dan es que “no hay dinero”.

Hace un mes el profesor, que durante el ejercicio de su profesión fue coordinador pedagógico y subdirector administrativo de la U.E.N Hilarion López, en Araure, se puso en contacto con el programa Gestión del Pueblo, que transmite Radio Miraflores y conduce la almiranta Carmen Meléndez, ministra para el Despacho de la Presidencia. La producción le pidió sus datos y tomó nota del caso, incluso lo llamaron una segunda vez, pero después de eso no ha tenido respuesta a su reclamo.

Rodríguez incluso redactó una carta que envió al programa, en la que denuncia cómo el dinero se ha devaluado debido al retraso del pago de ese beneficio e incluso le sugiere al presidente Nicolás Maduro que como mecanismo de compensación podría entregar a los jubilados rezagados un carro, un terreno o los bonos de Pdvsa. Calcula que a un trabajador que se jubiló en 2013 las prestaciones no le llegan ni a 400.000 bolívares.

Falta de planificación. María de los Ángeles Rivas, presidente de la Asociación de Jubilados de Educación en Venezuela, afirmó que por la experiencia de los casos que maneja la organización y el análisis que han hecho de la situación en el ME prima una irregularidad administrativa y debido a la falta de planificación presupuestaria el pago de las prestaciones sociales se ejecuta mucho tiempo después. “Esa transición de tiempo es un valor monetario de pérdida y termina favoreciendo al gobierno”, dijo.

Rodríguez también denunció en su carta que “muchos docentes mueren esperando su dinero y luego empieza el viacrucis de los beneficiarios para poder cobrar esa miseria”.

Rivas confirmó esa afirmación y añadió que muchos familiares desisten de realizar el trámite por las trabas burocráticas y la inversión que deben hacer para llevarlo a cabo.

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El Nacional

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