Las muertes por desnutrición infantil han aumentado en los últimos meses en Venezuela, hecho que organizaciones no gubernamentales han denunciado mientras el Gobierno guarda silencio. Como si el dolor de perder un hijo no fuese suficiente, ahora las madres del estado Zulia deben lidiar con las“amenazas” de los consejos comunales a los que pertenecen, según reseñó una publicación de Transparencia Venezuela.

La fundación Ángeles Chiquinquireños narró a la asociación citada que en la entidad algunas madres, que han perdido a sus niños a causa de ese mal, se sienten “políticamente comprometidas” por recibir beneficios de los programas sociales del Gobierno nacional o han sido “controladas (por los Consejos Comunales) al punto de exigirles que no revelen que sus hijos sufren o, peor aún, han muerto por desnutrición”.

Ángeles Chiquinquireños conoció el caso de una madre que acudió a los voluntarios para pedirles “ayuda para salvar a su hijo de una desnutrición grave, que solo le dejaba dos kilos 800 gramos de sustento en el cuerpo”, pero el niño no resistió. La fundación corrió con los gastos hasta del sepelio.

Ese hecho le “sirvió a los miembros del consejo comunal de su zona para levantar contra la mamá una averiguación penal ante el Cuerpo de Investigaciones Penales, Científicas y Criminalísticas (Cicpc), con la excusa de que el niño murió en su casa”, reseñó Transparencia Venezuela.

Además, la asociación afirmó que “las mismas amenazas —de quitarles la criatura a las madres o de denunciarlas— de miembros de otro consejo comunal hicieron que una menor de nueve meses y cinco kilos quinientos gramos dejara de recibir la ayuda de la ONG, luego de que llegara a ellos desahuciada”. 

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