La masacre de El Junquito no es un hecho aislado. Es la consecuencia directa de la institucionalización del uso excesivo de la fuerza y las ejecuciones extrajudiciales en el marco de la actuación policial y militar en labores de seguridad ciudadana, y es un claro mensaje -en medio de la asunción del terrorismo de estado para aplacar el descontento social-, a quienes expresen su rechazo a la dictadura de Nicolás Maduro. El gobierno ha abandonado todo vestigio de pudor y ante la mirada nacional e internacional asesina y viola derechos humanos, de sus opositores políticos y de la población en general.

Entre los años 2003 y 2018, Provea contabiliza al menos 10 masacres cometidas por agentes de la fuerza pública, en las que 177 personas resultaron asesinadas. La mayoría de estas muertes han sido consecuencia de ejecuciones extrajudiciales en el marco de operativos de seguridad ciudadana en comunidades pobres y en operativos de toma de recintos carcelarios. Hasta ahora, la totalidad de las masacres registradas desde 2003 tenían una característica común, habían sido realizadas en el contexto de operativos de seguridad ciudadana de combate al delito, ninguna de ellas guardaba relación con procedimientos de enfrentamiento a la disidencia política o control de manifestaciones públicas. La Masacre de El Junquito inaugura al proyecto bolivariano y a la dictadura de Nicolás Maduro en este campo y lo pone a la par de los represores del pasado venezolano y latinoamericano, que tanto han sido denunciados por quienes hoy gobiernan.

¿Qué condiciones han generado la comisión de estos abusos y propician la posibilidad de su reiteración en el futuro?

1. Militarización de la seguridad ciudadana
El artículo 332 de la Constitución establece que “los órganos de seguridad ciudadana son de carácter civil”. La decisión de militarizar la seguridad ciudadana es absolutamente contraria a lo consagrado en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, los estándares internacionales sobre uso progresivo y diferenciado de la fuerza y a la Carta Magna y las regulaciones nacionales en materia de actuación policial. Históricamente Provea, y el resto de las organizaciones de derechos humanos del país, han rechazado la participación de funcionarios militares en operativos de seguridad ciudadana y de control del orden público. La sentencia contra Venezuela por el caso “El Caracazo”, dictada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, instaba al país a utilizar a los funcionarios militares solamente en situaciones extraordinarias, donde hayan sido sobrepasados los cuerpos policiales. Los miembros de las Fuerzas Armadas no han sido capacitados para realizar labores de seguridad ciudadana. Al contrario, están entrenados física y psicológicamente para la guerra y para el exterminio del otro al que perciben como “enemigo”.

Fortalecer la visión militarista y las prácticas de “mano dura”, debilitan el concepto de seguridad ciudadana y obstruyen los necesarios consensos democráticos para avanzar en la adopción de políticas públicas, que ayuden a superar los altos índices de violencia y criminalidad en el país. El gobierno insiste en amplificar la visión del enemigo externo e interno -propia de la doctrina de seguridad nacional- y en reforzar la lógica belicista y la estigmatización y criminalización de distintos actores sociales, para justificar el uso excesivo de la fuerza por parte de los funcionarios policiales y militares, y consolidar el Estado policial y militar que supone la primacía de los intereses del Estado por encima de los derechos ciudadanos. Esta militarización de la seguridad ciudadana amparada en la doctrina de seguridad nacional, conlleva graves riesgos para las garantías personales toda vez que implica la ocupación militar del territorio nacional para la “defensa” contra un “enemigo interno” que resulta ser el propio ciudadano, indistintamente si se trata de campesinos, presuntos delincuentes, obreros, dirigentes políticos, activistas de derechos humanos, o cualquier otro.

Según ha dicho la CIDH “Los gobiernos autoritarios y las dictaduras militares que actuaron en el Hemisferio en las últimas décadas desconociendo las obligaciones internacionales de los Estados en materia de garantía de los derechos humanos, dejaron como legado una situación de permanente reproducción de la violencia”. El concepto de seguridad ciudadana, desde una visión democrática y respetuosa de los derechos humanos, es la superación de la visión autoritaria y militarista que marcó la actuación de buena parte de los Estados latinoamericanos durante el siglo pasado y cuya actuación –durante mucho tiempo- estuvo amparada por la doctrina de seguridad nacional. Continuar el camino del autoritarismo, erosionará aún más el Estado de Derecho y generará más violaciones de derechos humanos y sufrimientos a la ciudadanía.

2. Aliento a la comisión de abusos
“A la violencia y el terrorismo se le debe golpear antes de que actúen… nuestra mayor victoria es un golpe preventivo, neutralizarlos, desconfigurarlos, desarmarlos, desarticularlos, abatirlos, antes de que actúen los terroristas…”. Estas palabras fueron pronunciadas por el Presidente de la República, Nicolás Maduro, durante el acto de juramentación de la II Promoción de efectivos del “Comando Antiterrorista” del Servicio Bolivariano de Inteligencia (SEBIN), realizado el 25 de agosto de 2016 en Barlovento, estado Miranda, el Presidente Nicolás Maduro extendió una felicitación vía telefónica a los graduandos, en la que alentó abiertamente a la comisión de abusos y ejecuciones policiales por parte de los funcionarios del referido cuerpo policial.

El artículo 2 de la Constitución Nacional de la República Bolivariana de Venezuela consagra al país como un Estado democrático y social de Derecho y de Justicia, en el que se propugnan como “valores superiores de su ordenamiento jurídico y de su actuación, la vida, la libertad, la justicia, la igualdad, la solidaridad, la democracia, la responsabilidad social y, en general, la preeminencia de los derechos humanos, la ética y el pluralismo político”. Asimismo, el artículo 43 de la CRBV consagra la inviolabilidad del derecho a la vida, estableciendo además que “(…) Ninguna ley podrá establecer la pena de muerte, ni autoridad alguna aplicarla”. Por su parte el artículo 55 de la Carta Magna establece el deber de los cuerpos de seguridad del Estado de respetar “la dignidad y los derechos humanos de todas las personas”. El presidente de la República y los altos funcionarios del Estado han estimulado la violación del derecho a la vida por parte de los agentes de la fuerza pública, bajo la excusa de la lucha contra la “violencia terrorista”.

3. Impunidad
En Venezuela, junto a la pobreza, la impunidad es la mayor violación de derechos humanos. Provea ha afirmado numerosas veces que la impunidad en Venezuela es estructural. La propia Fiscal General de la República Luisa Ortega Díaz ha reconocido que la cifra de impunidad en materia de delitos comunes alcanza el 92% de los casos y en violaciones de derechos humanos, se sitúa en 98%. El irregular funcionamiento del Sistema de Administración de Justicia y el copamiento de la institucionalidad por parte del Poder Ejecutivo, garantiza impunidad para la mayoría de los delitos y violaciones de derechos humanos. De esta manera se generan condiciones favorables para la ocurrencia de abusos, los cuales no son sancionados. Esta situación afecta especialmente a los más pobres.

En noviembre pasado, durante la interposición de la denuncia contra Nicolás Maduro, Vladimir Padrino López, Néstor Reverol, Gustavo González López y Antonio Benavides Torres, ante la Corte Penal Internacional por su presunta comisión de delitos de Lesa Humanidad, la Fiscal General de la República, Luisa Ortega Díaz, afirmó que de acuerdo a la data levantada por el Ministerio Público venezolano, 8.291 personas habría sido asesinadas por agentes de la fuerza pública entre enero de 2015 y junio de 2017. La Fiscal detalló que en 2015 habrían sido asesinadas 1.777 personas por funcionarios militares y policiales, en 2016 el número de asesinatos ascendió a 4.667 personas, y hasta junio de 2017 unas 1.847 personas habrían sido asesinadas por agentes de la fuerza pública, según dijo la Fiscal en el marco de “un plan que persigue el gobierno de limpieza social”. Ortega Díaz también reiteró la información suministrada en el Informe Anual del Ministerio Público de 2016 en el que se señaló que desde el inicio del Operativo de Liberación del Pueblo en junio de 2015, hasta diciembre de 2016, 512 personas fueron asesinadas por funcionarios policiales y militares, la mayoría de dichas muertes se habría producido bajo la figura de ejecuciones extrajudiciales que posteriormente fueron presentadas ante la opinión pública como “muertes por enfrentamiento”.

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