«Ante la posibilidad de que en el futuro alguien me acuse de haber generado muchísimo dolor en un colectivo cualquiera, he decidido escribir ya la disculpa. Así ese día solo tendré que poner un enlace a esta entrada». El enlace a esa página aparece directamente en el menú principal, en la cabecera del blog del guionista José A. Pérez, bajo el título ¿Te he ofendido? Es su particular forma de blindarse ante el futuro; ante la certeza de que sus bromas ofenderían a alguien, como le pasó en varias ocasiones con sus entrevistas ficticias —a Albert Rivera, a Madeleine McCann o a Francisco Franco—.

El texto inventado en tono de humor sobre la niña desaparecida hace años levantó muchas ampollas, especialmente en Reino Unido. Pero, como todo en la vida, en la ofensa también hay grados. Está la protesta y el descontento, que es lo que casi cualquier expresión genera en algún colectivo. Está el ataque violento, que también se ha vivido —desde las amenazas por las caricaturas de Mahoma en el Jyllands Posten de hace más de una década al brutal ataque contra Charlie Hebdoque segó doce vidas hace dos años—. Y también está la acción judicial.

«No soy jurista, pero considero que la expresión debe ser libre», explica Pérez. «Los humoristas, como otros colectivos, tienen la obligación de tontear con lo incorrecto, con lo socialmente intolerable. Deben provocar. Es una cuestión física: si muchos empujan un límite durante el tiempo suficiente, ese límite irá cediendo poco a poco y eso nos hará más libres», argumenta. El problema es que el sentimiento de ofensa se ha vuelto ya cotidiano, y la acción judicial cada vez más frecuente. Ahora, cosa que no pasaba antes, se debate sobre los límites del humor cada cierto tiempo. Casi parece que en los últimos tiempos nos hemos vuelto más susceptibles con las bromas.

El problema, la visibilidad

Dado que las leyes llevan décadas escritas, ¿ha cambiado su interpretación o ha cambiado la percepción social al respecto? «No es que nos hayamos vuelto —todos— más restrictivos o escandalizables que antes, sino que los contenidos sensibles llegan a gente a la que antes no llegaban por culpa de las televisiones, de internet y, especialmente, de las redes sociales y de los móviles», explica Borja Adsuara, abogado experto en derecho digital. «También tienen más difusión las reacciones a esos contenidos —el famoso “arden las redes”—. Por eso, los contenidos que antes se difundían en un ámbito y un contexto social concreto, como por ejemplo los lectores de El Jueves, entre quienes eran normales y no escandalizaban, sacados de ese contexto y viralizados» escandalizan a los no habituales.

Ejemplos de indignación y eco judicial no faltan en nuestro país, y todos ellos recientes. A Javier Krahe le llevaron a juicio por un vídeo humorístico donde cocinaba un Cristo —en el horno, con mantequilla—. A El Jueves le intervinieron una edición por caricaturizar a los reyes teniendo sexo, para años después vivir una tremenda escisión interna cuando el responsable de la publicación decidió censurar una portada. A Pepe Rubianes le denunciaron por cagarse «en la puta España». A Def Con Dos empezaron a buscarles las cosquillas tras décadas de canciones incisivas. A un político le pasaron factura por tuits sobre un atentado de hace décadas. A Vigalondo le sacaron de El País por bromear sobre el Holocausto. La lista es interminable.

El último ejemplo ha sido a cuenta de una viñeta de El Jueves —de nuevo El Jueves— en la que vinculaba la operación policial en Cataluña y el consumo de cocaína. Aunque quizá cuando leas esto haya otros ejemplos más recientes, porque casi cada semana hay alguien que se ofende por algo, generalmente expresiones que para otros son graciosas, pero también campañas publicitarias —los de Fe de etarras saben mucho de eso—, portadas o declaraciones de según quiénes.

«No creo que ahora se persigan cosas que antes no», comenta el viñetista JR Mora, muy crítico con los ataques a la libertad de expresión. «Aunque hay pequeños matices y han cambiado un poco los formatos, los temas, los canales por los que circulan los chistes y su difusión, se siguen persiguiendo las mismas cosas. Son los grandes temas de siempre: asuntos políticos, cuestiones sobre religiones, los símbolos e instituciones patrias, el racismo y la xenofobia y otros relacionados con el sexo o la sexualidad, además de las tradicionales acusaciones por supuestas injurias, calumnias y ofensas al honor», explica. Da datos concretos porque lleva analizados más de 100 casos en una serie que ha colgado en su web bajo el título El humor en apuros.

No coincide con él Pérez: «Si por antes entendemos hace diez años, la respuesta es sí. No solo se ha ampliado el espectro de lo intolerable, también ha aumentado el número de jueces. Más allá de la manía persecutoria de la Fiscalía, me preocupa la manía persecutoria del ejército bienpensante que copa las redes sociales. Vivimos en tiempos de ofensa. Al parecer, tanta luz azul, de pantalla, ha reblandecido la piel de la ciudadanía», ironiza.

Donde sí coinciden los tres es en el culpable: ni el humor ha cambiado ni la ley ha cambiado; lo que ha cambiado son las plataformas y la forma en que se exponen los contenidos ante más ojos escrutadores. «Si algo ha cambiado es el nuevo escenario, internet», resume Mora. «Se empeñan en crear nuevas reglas para el medio y eso no puede traer nada bueno», concluye. El humor, incluso el más extremo, supone en cierto modo un juego de detalles (como la portada de Mongolia titulando «Hija de puta» en grande y «esto nos lo dicen muchos» en pequeño, junto a una foto de la Infanta). Pero la ofensa no suele entender de sutilezas o matices.

Lo que dice la Ley

Dentro de esas reglas hay dos variedades, las legales y las sociales, y ahí reside el conflicto. Porque las legales son las mismas de siempre, según explica Adsuara, pero las sociales no. «Los límites (legales) del humor son los mismos que los límites de la libertad de expresión, según el artículo 20.4 de nuestra Constitución: todos los otros derechos fundamentales en general, y, en especial, el derecho al honor, a la intimidad y a la propia imagen, que se protegen civilmente (intromisiones ilegítimas, que pueden ser castigadas con una indemnización por daños morales), o incluso penalmente (delitos contra el honor —injurias y calumnias—, delitos contra la intimidad —descubrimiento y revelación de secretos—, ofensas de sentimientos religiosos, apología del terrorismo, delitos de odio… castigados con multas o cárcel)».

«El humor tiene límites y están en nuestras leyes. Estamos sobrados de leyes, normas y códigos para regularlo todo, algunas escritas hace cientos de años. En ocasiones ni se aplican ni se cumplen y en otras se interpretan a caprich», lamenta Mora. «Donde parece que estamos perdiendo la guerra —en algunos casos— es en el fondo del asunto, en ser justos con la intencionalidad y el contexto. Ahora se despoja con demasiada alegría cualquier chiste de su esencia y se interpreta literal para tratarlo como un delito desde el primer minuto. Da miedo ver que se hagan lecturas legales de un chiste como delito de odio o algo por el estilo», explica.

Adelanta además un manifiesto que han lanzado más de un centenar de humoristas nacionales para protestar por lo que llaman «humor amenazado», reclamando «respeto y reconocimiento a nuestra independencia y labor profesional como artistas del humor gráfico, cuya única pretensión es la de hacer reír y favorecer el pensamiento crítico de nuestros lectores».

¿Qué habría sucedido si el chiste de la cocaína y la Policía hubiera aparecido en otros países. La abogada Paloma Llaneza explica que la difamación, el equivalente a nuestras injurias, está presente en todos los países desarrollados, aunque con distintos matices: «En Reino Unido es más fácil probar la difamación que en EEUU, en donde el peso de la libertad de expresión es mayor. Como es una cuestión muy casuística y de detalle, es difícil hacer una comparativa más detallada», explica. «En el caso de El Jueves, dado el contexto de la revista, se puede considerar que el chiste es de poco gusto, pero creo que es difícil demostrar que había una auténtica intención de injuriar».

El peso de la interpretación

Hay, pues, una parte importante de cómo se interpreta el significado de la broma en sí. «Del derecho romano viene la distinción, que sigue vigente en nuestro derecho, entre animus iocandi (la intención de bromear) y el animus iniurandi (la intención de insultar)», explica Llaneza. «En la valoración de la intención con la que se hacen las cosas hay que atender a cada caso. Hay criterios muy amplios que tener en consideración y en la búsqueda del precedente analizamos la jurisprudencia (al menos dos sentencias del Tribunal Supremo), la doctrina jurisprudencial (sentencias de órganos inferiores) y el tiempo en que los delitos se producen», enumera.

En general, para valorar si una broma es constitutiva de delito, hay que fijarse en la intención. «Si atendiendo a las circunstancias personales, anímicas, fácticas y culturales que rodean al hecho se demuestra que el autor nunca tuvo intención injuriosa, sino de bromear, no estaríamos ante un delito de injurias debido a la ausencia del elemento subjetivo (la intención), aunque la acción pudiera ser o parecer injuriosa o insultante», completa.

La duda entonces es cómo valorar algo tan subjetivo como la intención y, según explica Adsuara, tiene que ver con algo tan difuso como el contexto: todo depende de lo que define como «sensibilidad social», que el juez debe interpretar en cada caso y momento. «Lo que hace unos años podía considerarse ofensivo, a lo mejor ahora ya no lo es tanto y viceversa. Por eso, el Código Penal dice en su artículo 208 que solo serán constitutivas de delito “las injurias que, por su naturaleza, efectos y circunstancias, sean tenidas en el concepto público por graves”. Y es el juez el que determina cuál es ese concepto público, porque las leyes deben interpretarse teniendo en cuenta “la realidad social del tiempo en que han de ser aplicadas”, según el artículo 3.1 del Código Civil“, explica.

Y justo por eso se lamenta Pérez. Porque la culpa no es quizá de la incorrección excesiva, sino de la sensibilidad dominante y de la indignación fácil. «Todos necesitamos sentir que pintamos algo en el universo. Algunos dibujan, otros componen canciones, hay quien tiene hijos y quien trata de salvar a las ballenas. Y también hay gente que, incapaz de hacer nada de eso, se limita a quejarse por lo que hacen los demás. Antes lo hacían en casa, rumiando su frustración; ahora la gritan al mundo a través de las redes sociales. Ese ambiente de intolerancia social da alas al poder para coartar, prohibir y castigar».

Conocidos los límites, y vistas las limitaciones y posibles flaquezas de la interpretación del contexto social, ¿qué debe prevalecer por norma general, la libertad de expresión o el derecho al honor? «Ambos son derechos fundamentales de igual valor constitucional y hay que ponderar, en cada caso, cuál tiene más peso y a favor del cuál se vence la decisión», comenta Llaneza. «En caso de duda, debe prevalecer la libertad de expresión», objeta Adsuara, «porque es un valor fundamental de nuestro sistema democrático, pero no existe ningún derecho absoluto», explica.

«Por eso el símbolo de la Justicia es una balanza: el juez debe sopesar en cada caso qué bien jurídico debe prevalecer en un caso concreto», explica. «Se debe tener manga ancha con la libertad de expresión —más si es humor o creación artística—, porque la libertad de expresión existe para que se puedan decir cosas que pueden molestar. Si todos fuéramos políticamente correctos, no haría falta la libertad de expresión».

YOROKOBU

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