El monstruo que desafían se llama impunidad. José Gregorio Pernalete y Elvira Llovera intentan desde hace año y medio desbloquear el proceso judicial del crimen de su hijo Juan Pablo, quién murió asesinado durante unas protestas en contra del Gobierno venezolano el 26 de abril de 2017. Visitan tribunales, oficinas de funcionarios, hablan con abogados, denuncian en la prensa y hasta viajan al exterior.

Juan Pablo tenía 20 años, era aficionado al baloncesto y estudiaba Administración en la Universidad Metropolitana de Caracas. Como otros cientos de manifestantes, se encontraba ese día en una protesta contra el Gobierno de Nicolás Maduro en Altamira, al este de Caracas, la capital, donde recibió un balazo mortal. Su agonía fue grabada y sus padres luchan ahora contra la impunidad de aquellos que provocaron su muerte.

El 98% de las denuncias por violaciones de los derechos humanos de jóvenes manifestantes contra el régimen de Nicolás Maduro en Venezuela quedan sin investigar y no llegan a ser juzgadas, según Liliana Ortega, directora del Comité de Familiares de Víctimas. El Ministerio Público reconoce la muerte de 124 personas en las protestas antigubernamentales de 2017.

Días antes de la protesta, el presidente venezolano había consolidado su autoritarismo al apoyar dos sentencias del Tribunal Supremo que lo facultaron para poder legislar; eliminaron la inmunidad de diputados; y suprimieron las funciones de la Asamblea Nacional, controlada entonces por la oposición.

El crimen de Juan Pablo dividió a las autoridades y se ha convertido en todo un símbolo. Ernesto Villegas, entonces ministro de Comunicación e Información, y Néstor Reverol, ministro de Interior y Justicia, defendieron que el joven fue asesinado con una pistola de perno cautivo (un arma de fuego utilizada para matar ganado), versión que fue respaldada por la televisión oficialista y otras personalidades del régimen —entre ellos el vicepresidente, Diosdado Cabello—, quienes eximieron a los militares de cualquier tipo de responsabilidad. Pero la entonces fiscal general, Luisa Ortega —cercana al fallecido Hugo Chávez y exiliada en Colombia por posturas contrarias a Maduro—, les desacreditó.

En mayo, Ortega reunió a varios periodistas para mostrarles un cilindro metálico con forma de bomba lacrimógena y les dijo que un objeto como ese fue el que causó la muerte del joven. Según las investigaciones de los fiscales, el artefacto fue disparado a poca distancia contra el pecho de Juan Pablo. “Sabemos [la identidad] del grupo del que salió este objeto. Esperamos determinar en los próximos días la persona que disparó”, detalló. Solo la Guardia Nacional Bolivariana reprimía las protestas con esos artefactos.

“Fue una ejecución extrajudicial, no un homicidio calificado como quieren que se piense”, sostiene Waldemar Núñez, abogado del caso. Los defensores de Juan Pablo denunciaron a Maduro, al ministro de Defensa, Vladimir Padrino, y al exjefe de la Guardia Nacional, Antonio Benavides, entre otros. Les acusaron directamente de la muerte de Juan Pablo y también pidieron responsabilidades por perjuicios “morales” por divulgar información falsa sobre el crimen. Pero no hay ningún detenido.

Leer más en: El País

Comments

Dejar una respuesta